Derecho a la salud y plan auge:

Salud para todos: tarea pendiente

Los antecedentes del derecho a la salud en Chile previos a la llegada del Plan Auge no eran buenos ni menos auspiciosos. Según Alejandra Zúñiga, abogada y doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid -autora del capítulo sobre las verdades del impacto de la reforma a la salud que este año se incorporó en el Informe de DD.HH.-, desde la Constitución de 1980 se quiso concebir el derecho a la protección de la salud no como uno de prestación, sino sólo como derecho que contempla la libertad de adquirir asistencia en el mercado de la protección de la salud. Dicha situación colocó al país en los peores lugares del mundo en el ranking de desarrollo humano en esta materia. Como si esto fuera poco, un documento de la OMS sobre la Salud en el Mundo del 2000, sentenció que la sociedad chilena padecía serios problemas de discriminación y equidad debido a sus altos índices de desigualdad, tanto en el acceso a los servicios básicos como en los deficientes resultados de los indicadores nacionales que se expresaban, por ejemplo, en la esperanza de vida y en la discapacidad.

El presidente del Colegio Médico, Dr. Pablo Rodríguez, sostiene que la discusión en torno a la reforma sanitaria siempre ha generado debate respecto a los beneficios reales a la salud, por lo tanto, el debate que se gesta a partir del informe siempre es constructivo y dinamiza el sector. “El Auge prioriza la atención de un determinado grupo de patologías, algunas de ellas de alto costo, mejorando acceso y financiamiento a sectores mas vulnerables. Sin embargo, al mismo tiempo, genera un exceso de expectativas que no pueden ser satisfechas mientras no se hagan cambios profundos en materia de financiamiento, de fortalecimiento de la red y de la Atención Primaria, y de aumento de los recursos humanos, especialmente médicos”, indica.

El AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud) introdujo mecanismos que pretendían asegurar una cobertura mínima de asistencia sanitaria. Las Garantías Explícitas en Salud (GES) transformarían en derechos exigibles, tanto para el sistema público como para el privado, las garantías de acceso, calidad, oportunidad y cobertura financiera de las prestaciones asociadas a las patologías que son decretadas como cubiertas (son 56 las enfermedades AUGE y se pretende llegar a 80 en el año 2010). Además, la Reforma incorporó modificaciones institucionales que aumentarían la eficiencia, transparencia y responsabilidad de los prestadores. La ley Auge, entonces, parecía ser el mecanismo por el cual el Estado de Chile pretendía responder a las deudas sociales sanitarias denunciadas por la OMS, garantizando un mínimo vital o mínimo sanitario decente que daría contenido al derecho a la protección de la salud contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de la legislación nacional.

El Informe de la UDP es categórico en su capítulo dedicado al derecho a la salud y plan auge, pues acusa que los problemas relativos a la implementación del GES tienen que ver con las técnicas de racionamiento sanitario derivados de análisis costo-beneficio propios de la economía de la salud sin, a la vez, incluir criterios de equidad que pudiesen paliar la injusticia inherente de sus resultados. La traducción de esto va en las Guías Clínicas de cada enfermedad Auge, que evidencian la utilización de mecanismos de racionamiento sanitario que contrastan directamente con los objetivos autoimpuestos por la autoridad de garantizar “a toda la población” un mínimo sanitario decente con determinados requisitos de acceso, oportunidad, calidad y cobertura financiera.

Entonces ¿Qué pasó en el camino? Zúñiga es enfática en denunciar el problema: “La puesta en marcha de la Reforma Sanitaria ha revelado una realidad que dista mucho de la prometida por la autoridad a la ciudadanía en su momento. Se ha constatado la existencia de situaciones de grave discriminación en contra de ciertas personas y, en especial, en contra de las mujeres al incorporar en el Auge mecanismos de racionamiento sanitario incompatibles con las exigencias de equidad y justicia que todo Sistema Sanitario debe garantizar”. Si bien el gobierno prometió que toda persona contaría con un mecanismo de protección social que aseguraría suacceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna “se han admitido, como criterios de exclusión, elementos como la edad del paciente o su lugar de residencia en prácticamente todas las Guías Clínicas Auge, que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema”, de acuerdo a lo que resalta la abogada.

¿Un problema de criterio?

Para el vocero del Colegio Médico, los problemas de discriminación del Auge estuvieron presentes desde el minuto en que se divide a los pacientes entre los que tienen enfermedades incluidas en el plan y quienes no. “Para el paciente Auge pareciera haber un itinerario claro de atención y tratamiento, no obstante, para el no Auge hay una postergación clara”, sostiene el facultativo, y agrega que en un segundo nivel de discriminación está el hecho de que las patologías incluidas en el Auge no son de cobertura universal, pues “no están garantizadas para todas las personas que las sufran, sino en determinados rangos de edad y en determinadas zonas geográficas, según la capacidad real de la red”.

Ejemplos concretos de esta situación la constituyen dos de las cincuenta y seis patologías hoy incluidas en el plan, correspondientes a la Artrosis de Cadera y la Epilepsia. En ese sentido, la Guía Clínica para la primera excluye a las personas menores de 65 años en base a cálculos económicos que, sin que medie una justificación epidemiológica objetiva, deja sin atención médica a un importante sector de la población. La propia Guía Clínica reconoce –citando datos de la Organización Panamericana de la Salud- que el 40% de las personas mayores de 60 años también padecen de artralgias. Por su parte, el tratamiento contra la epilepsia exceptúa a las personas mayores de 15 años sobre la base de un cálculo costo-beneficio que reconoce, con todo, incluir sólo al 70% de los niños con epilepsia.

Otro factor que dificulta el cumplimiento del derecho a la salud es el lugar de residencia. En esta materia, manifiesta Alejandra Zúñiga en el Informe, muchas de las GES aplican técnicas de racionamiento relacionados con el sector donde habitan las personas afectadas. “En el caso de la Guía Clínica contra el cáncer de testículos –que también, por cierto, tiene restricciones de edad- sólo se puede garantizar tratamiento a menos del 30% de la población, debido a que existen en Chile sólo dieciocho Centros PANDA -centros de cáncer del adulto- que se ubican en los establecimientos de mayor complejidad de la red (incluso hay tres regiones -III, VI y XI- que no poseen ni siquiera uno de dichos centros)”, afirma la investigadora.

Nuevamente la epilepsia genera problemas, pues de igual forma su tratamiento es inalcanzable para la mayoría de la población chilena, dado que sólo un neurólogo de la red pública puede autorizar el ingreso al Plan AUGE por padecer de esta enfermedad, y éstos se encuentran en un 26% de los Servicios de Salud del país, concentrados en  su mayoría en la RM. “Esta situación vulnera claramente la propia garantía explícita de acceso, conforme a la cual todos los individuos deberán recibir atención y ser parte de una red de salud en su lugar de residencia”, indica Zúñiga.

Frente a dichas aseveraciones, el Dr. Rodríguez es enfático en señalar el impacto que tienen los criterios económicos y financieros por sobre los sanitarios. “Esto significa que se asuma, de una vez por todas, que se requiere de una inversión consistente que permita la normalización hospitalaria; que permita un gerenciamiento de alta capacidad, pues se trata de ‘empresas’ con miles de trabajadores y decenas de miles de ‘beneficiarios’ y que manejan altos presupuestos”.

Asimismo, repara en el hecho de que hasta el día de hoy no hay conocimiento del grado de cumplimiento real del Auge, y cuánto se han visto afectadas la atención de las patologías no Auge, debido a la priorización.