 |
 Más columnas del autor |
| |
|
La Derecha y sus Sombras
Domingo, 11 de enero de 2009
El Mercurio, Reportajes, D13
Las violaciones a los derechos humanos están rodeadas de mentiras y cobardías, y no precisamente de las víctimas. En medio de ese panorama, lanzar, como lo hizo una diputada, denuncias negligentes -basadas en alguien tan confiable como el ex general Contreras- es simplemente inaceptable. Especialmente si el sector que las formula nunca puso un empeño similar en las denuncias de la diputada Rubilar -ni siquiera alcanzan la estatura de la maldad: apenas son torpes- permiten revisar uno de los temas más incómodos de la democracia chilena.
Como todos sabemos, en Chile se hizo desaparecer personas, se ejecutó a otras y se torturó. Y todo ello por motivos políticos. Durante años la afiliación ideológica -al margen de lo que usted hiciera o dejara de hacer- hizo peligrar la vida.
De todo ello -además de las víctimas de violencia política- hay amplia constancia.
Primero fue la Comisión Rettig, luego la Comisión Valech. En momentos muy distintos -la primera en plena transición, la segunda una vez que la democracia se había consolidado- arribaron a lo mismo: los derechos humanos más básicos se maltrataron por motivos políticos. Y aunque en esta materia los números no son decisivos, son igualmente espeluznantes: la Comisión Rettig recogió evidencia de 2115 víctimas de violación de derechos humanos (desaparecimientos, ejecuciones, torturas con resultado de muerte); la Comisión Valech recogió 30.000 testimonios de torturas.
No hay, a lo largo de todo el país, un abismo más grande que esa herida.
Al mirarla -según consta en el Informe Rettig- casi nadie tiene motivos para el orgullo: ni los medios de comunicación, ni el Poder Judicial, ni las Fuerzas Armadas, ni las fuerzas políticas. Por cobardía, complicidad o simple flojera moral, cuando ocurrieron esos hechos nadie dijo nada.
Cuando algo se dijo fue para encubrirlos o cohonestarlos.
Todo lo que ha sido posible averiguar de los desaparecidos -entre ellos Luis Emilio Recabarren, cuyos familiares, esta semana, sintieron que se les acusaba de un dolor fingido- ha sido en medio de tropiezos y negaciones de quienes saben qué ocurrió. Y los mecanismos para averiguar la verdad han reposado sobre la simple persuasión. La Comisión Rettig debió actuar con la sola fuerza de su prestigio a fin de recabar antecedentes. Y la Comisión Valech lo mismo.
Así y todo, ambas lograron lo que las instituciones (jueces, fuerzas armadas, medios) no fueron capaces de hacer.
En todos esos casos se alcanzaron verdades más o menos globales; pero el destino de muchos y la justicia debida a sus deudos y sus familiares sigue todavía pendiente.
En medio de ese panorama de mentiras, trampas, zancadillas, coartadas, excusas de diversa índole y encubrimientos mantenidos por décadas (y que no provienen precisamente de las víctimas) lanzar denuncias vistosas, obtenidas con negligencia, prestar fe a criminales y sacar conclusiones absurdas y ni siquiera plausibles, no alcanza a ser malo: es simplemente estúpido. Si Hanna Arendt habló alguna vez de la banalidad del mal, ahora podríamos hablar de la estulticia que, tarde o temprano, suele acompañarlo.
Especialmente si el sector que formuló esas denuncias falaces (es fácil imaginar cuánto transpiraron para obtener esos antecedentes) nunca puso el mismo empeño en condenar las violaciones a los derechos humanos, ni al gobierno que los practicó, ni a los funcionarios que los cohonestaron, ni a los intelectuales que tejieron excusas para justificarlos, ni a los jueces que echando mano a pretextos formularios evitaron investigar, ni a los medios que decidieron comulgar con ruedas de carreta, ni a los agentes del estado que guardan todavía un silencio porfiado.
La forma en que se presentaron, y comentaron, esos casos de falsos desaparecidos o víctimas es absolutamente inaceptable. Desmedra injustamente la posición de las víctimas y deteriora la cuestión moral que le subyace y que nos interesa a todos preservar. Por eso quien ha participado de ella -entre otras la diputada Rubilar: víctima de la seducción de las cámaras- no debe presidir una Comisión de Derechos Humanos. No por un asunto de posición política. Es por la incompetencia que mostró -superficialidad sería una palabra piadosa- en el manejo y la comprensión del asunto.
Y desde luego Piñera -que aspira a la Presidencia de la República, nada menos- debiera mostrar una visión más global y exigir a los partidos, y a los dirigentes que lo apoyan, mayor circunspección intelectual y moral en este asunto.
Después de todo, incluso si esas denuncias hubieran resultado ciertas, ellas no habrían dicho nada de cuán eficiente o no ha sido la política de derechos humanos (son otros los motivos para quejarse de ella), sino cuán torcida y cobarde ha sido la actitud de quienes, con múltiples pretextos, todos pueriles, se han negado a entregar información y a investigar la suerte de las víctimas.
Por eso, más que la diputada Rubilar -cuyo pecado no fue la maldad, sino la torpeza- es la derecha y sus dirigentes la que debiera adoptar una actitud más contenida y más racional. Es demasiado obvio que al hacer escándalo con estos casos de falsificaciones la derecha está mostrando cuánta culpa le subyace.
Y es que cuando se siente culpa por el pasado no hay más que dos caminos: sentir el deseo de ser castigado por la transgresión o relativizar poco a poco lo que ocurrió hasta el extremo de negarlo. |
