Facultad de Derecho

En un evento interdisciplinario organizado por la Facultad de Derecho, la Fundación Fernando Fueyo, el Instituto de Políticas Públicas Expansiva UDP, el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, la Biblioteca del Congreso Nacional y la ONG Derechos Digitales, durante dos días se debatió en torno a la reforma de la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual, con la participación de destacados especialistas.

La introducción estuvo a cargo del decano Juan Enrique Vargas, quien enfatizó que en torno a la propiedad intelectual confluyen diversas disciplinas tales como la economía y el derecho y que, en el caso de este último, deben intervenir especialidades disímiles como el derecho constitucional, el administrativo, el civil y el penal. Se trata de un tema que desafía a los juristas a estar atentos a los radicales cambios sociales que están diariamente ocurriendo, en su mayoría consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías. La ley 20.435 recientemente dictada es una excelente oportunidad para demostrar que el derecho puede estar a tono con la modernidad.

Acto continuación, el abogado Gonzalo Sánchez, ofreció la conferencia inaugural sobre políticas públicas de propiedad intelectual, en la cual destacó el impacto de la propiedad intelectual en la sociedad del conocimiento y la  información que impera actualmente. En su opinión, la propiedad intelectual adquiere gran relevancia en un paradigma en el que la identidad se ha trasformado en un bien social, desarrollando una generación digital en la que se debe cuidar la creación y generación de conocimiento, creatividad y desarrollo económico.

A continuación se dio inicio a la dinámica del congreso que se dividió en cuatro paneles, en los cuales se desarrollaron ponencias sobre “Protección de Derechos de Autor”, “Excepciones y Limitaciones al Derecho de Autor” y “Derechos de Autor y Medios”. La primera mesa, en la que expusieron Claudio Ossa, Conservador de Derecho de Autor de DIBAM y Claudio Ruiz, Director de la ONG Derechos Digitales, destacó la importancia del cambio de la Ley 17.336 a la 20.435, haciéndose referencia a los intereses que debieron tomarse en cuenta para poder configurarla. Ossa fue enfático en señalar que la industria del derecho de autor aporta un 1,3% del PIB, lo que es significativo si se la compara, por ejemplo, con la agricultura, que aporta sólo un 0,66%. Por su parte, Ruiz señaló que la nueva ley -que rige sólo hace un mes-  toma en cuenta el interés del autor más que del público, lo que lesiona los intereses y derechos de las personas frente a la creación intelectual.

El segundo día el congreso contó con la participación de destacados especialistas, como Carlos Urquieta, Magíster en Propiedad Intelectual; Carlos Bascuñan, abogado y director de EGEDA Chile; Daniel Álvarez, ex-asesorlLegislativo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y actual miembro de la ONG Derechos Digitales; Patricia Reyes, abogada de la U. de Chile y presidenta del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías; Fernando Fernández, abogado UDP y LL.M. in Innovation, Technology & Law por la Universidad de Edinburgh. Claudio Magliona, abogado U. de Chile y Socio en el estudio García, Magliona y Cia; y Salvador Millaleo, abogado U. de Chile, Doctor en Sociología, Bielefeld University, y profesor de Derecho UDP.