Investigación

Informe anual de DDHH de la UDP evidencia graves falencias en tratamiento de tema indígena y cuestiona a la Corte Suprema

25/11/2010

img Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la UDP

A partir del lunes 29 podrá descargarse desde www.udp.cl y desde www.derechoshumanos.udp.cl. También puedes seguir los comentarios en: http://twitter.com/ddhh_udp#

A pesar de que durante buena parte del año 2010 la situación de los pueblos indígenas y en particular la del pueblo mapuche, ocupó la agenda pública y llamó la atención de ciudadanía y autoridades, la respuesta del estado chileno ha sido débil, incluyendo todos  los anuncios post-huelga de hambre.  Así lo afirmó el académico Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, al presentar el Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2010. No obstante la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, destacó que  el Ejecutivo “no da aún muestras claras de los procedimientos que aplicará para la implementación del mismo y el Parlamento debate una reforma constitucional que interesa a los pueblos indígenas desatendiendo las recomendaciones que se le han hecho para consultarlos”.

El Informe detecta graves falencias en la definición del mecanismo de consulta dispuesto por el Convenio 169 en el decreto que fija las normas para su aplicación (DS 124 de Mideplan) - dictado bajo el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet - mediante el cual  “no solo las municipalidades quedan fuera de la obligación de consultar, sino también una materia altamente sensible para la protección de los derechos de los pueblos indígenas: los proyectos de inversión”.  A pesar de ir en contra del tratado internacional, el actual gobierno ha defendido su aplicación.

Pero donde los dardos apuntan más fuerte es hacia la Corte Suprema. Tras estudiar su jurisprudencia  en relación al Convenio 169,  se concluye que: “Salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más–en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales, exponiéndolo a ser reprendido por órganos de supervisión y monitoreo de tratados”. Como ejemplo, se citan varios fallos en los cuales la CS revirtió decisiones de las cortes de apelaciones que validaban el tratado internacional, como los de  las comunidades Palguín y Peiukëlen, entre otros. 

Respecto de  las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Informe reconoce como avances positivos la instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria,  pero apunta que el máximo tribunal del país no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles. “La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco”, se consigna, agregando que el máximo tribunal reproduce de  manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones, como si se tratara de un formulario.

En este mismo sentido, puntualizó el Director del Centro de Derechos Humanos UDP, se demuestra cómo la Corte Suprema ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, cuestión de gravedad si se tiene presente los accidentes laborales acaecidos durante el año. La Corte ha decretado por ejemplo que no le corresponde a la Inspección calificar relaciones contractuales laborales que pudieran ser encubiertas, con consecuencias en la aplicación de la ley de subcontratación así como en la posibilidad de negociar colectivamente.  Asimismo, añadió, se observa que durante los veinte años de gobiernos de la Concertación la situación de los trabajadores organizados “empeoró ostensiblemente”, pasando de una cifra de 10,1% en 1991 de trabajadores con instrumento colectivo de trabajo a un 5,9% en 2009, siendo Chile el país de la OCDE con menos trabajadores organizados, solo superado por Corea del Sur. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha advertido que “las relaciones laborales en Chile son generalmente confrontacionales y marcadas por la falta de confianza” con una “débil e impredecible aplicación de las regulaciones laborales.

Estudio Inédito 

En otros temas, este año el Informe incorpora un capítulo inédito sobre responsabilidad social empresarial y derechos humanos en el ámbito de la Gran Minería, el cual analiza los informes de sustentabilidad y las política de responsabilidad social o de derechos humanos que declaran las empresas miembros del Consejo Minero, bajo la perspectiva del estándar de la “debida diligencia” propuesto por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. 

Por otro lado, se presenta un estudio interdisciplinario realizado en conjunto con profesionales de la Corporación Opción, sobre los niños y niñas afectados por el terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero. Según estudios de condiciones de vida de la infancia, se advierte que esta población “muestra una importante brecha de desigualdad respecto del resto de la población infantil del país, la que puede aumentar por efectos de la destrucción causada, como ocurre con el aumento del trabajo infantil”. 

El capítulo sobre medio ambiente y derechos humanos está dedicado a analizar el caso de Rinconada de Maipú −sector rural de la comuna de Maipú en la Región Metropolitana- caracterizado como un caso paradigmático de injusticia ambiental,  en donde “un grupo minoritario de santiaguinos –3.500 personas, en su mayoría de escasos recursos– recibe buena parte de las fuentes contaminantes asociadas al progreso de una ciudad de seis millones de habitantes, sin ser debidamente compensado por ello”, y en el que se detallan técnicas de quiebre o captura de las comunidades desplegadas por empresas en el marco de procesos de calificación ambiental. 

Al igual que en sus siete versiones anteriores, la investigación que realiza el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales revisa los sucesos más relevantes en materia de protección y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, utilizando como marco de referencia los estándares internacionales de derechos humanos que el país ha suscrito. El próximo lunes 29 al medio día,  en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UDP,  se realizará la presentación oficial del Informe en presencia del decano  Juan Enrique Vargas y con los comentarios de la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries y del periodista Fernando Paulsen. Desde el 2009, cada capítulo incorpora recomendaciones específicas que quedan a disposición de las autoridades y de grupos  interesados en respetar y promover los derechos fundamentales.

A partir del próximo 29 de noviembre, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010 podrá descargarse desde www.udp.cl  y desde www.derechoshumanos.udp.cl

Siga detalles del Informe en twitter: http://twitter.com/ddhh_udp#