Investigación

UDP lanza Informe Anual sobre DDHH en Chile 2010

29/11/2010

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A pesar de que durante buena parte del año 2010 la situación de los pueblos indígenas y en particular la del pueblo mapuche, ocupó la agenda pública y llamó la atención de ciudadanía y autoridades, la respuesta del estado chileno ha sido débil, incluyendo todos  los anuncios post-huelga de hambre.  Así lo afirmó el académico Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, al presentar el Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2010. No obstante la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, destacó que  el Ejecutivo “no da aún muestras claras de los procedimientos que aplicará para la implementación del mismo y el Parlamento debate una reforma constitucional que interesa a los pueblos indígenas desatendiendo las recomendaciones que se le han hecho para consultarlos”.

El Informe detecta graves falencias en la definición del mecanismo de consulta dispuesto por el Convenio 169 en el decreto que fija las normas para su aplicación (DS 124 de Mideplan) - dictado bajo el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet - mediante el cual  “no solo las municipalidades quedan fuera de la obligación de consultar, sino también una materia altamente sensible para la protección de los derechos de los pueblos indígenas: los proyectos de inversión”.  A pesar de ir en contra del tratado internacional, el actual gobierno ha defendido su aplicación.

Pero donde los dardos apuntan más fuerte es hacia la Corte Suprema. Tras estudiar su jurisprudencia  en relación al Convenio 169,  se concluye que: “Salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más–en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales, exponiéndolo a ser reprendido por órganos de supervisión y monitoreo de tratados”. Como ejemplo, se citan varios fallos en los cuales la CS revirtió decisiones de las cortes de apelaciones que validaban el tratado internacional, como los de  las comunidades Palguín y Peiukëlen, entre otros. 

Respecto de  las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Informe reconoce como avances positivos la instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria,  pero apunta que el máximo tribunal del país no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles. “La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco”, se consigna, agregando que el máximo tribunal reproduce de  manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones, como si se tratara de un formulario.

En este mismo sentido, puntualizó el Director del Centro de Derechos Humanos UDP, se demuestra cómo la Corte Suprema ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, cuestión de gravedad si se tiene presente los accidentes laborales acaecidos durante el año. La Corte ha decretado por ejemplo que no le corresponde a la Inspección calificar relaciones contractuales laborales que pudieran ser encubiertas, con consecuencias en la aplicación de la ley de subcontratación así como en la posibilidad de negociar colectivamente.  Asimismo, añadió, se observa que durante los veinte años de gobiernos de la Concertación la situación de los trabajadores organizados “empeoró ostensiblemente”, pasando de una cifra de 10,1% en 1991 de trabajadores con instrumento colectivo de trabajo a un 5,9% en 2009, siendo Chile el país de la OCDE con menos trabajadores organizados, solo superado por Corea del Sur. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha advertido que “las relaciones laborales en Chile son generalmente confrontacionales y marcadas por la falta de confianza” con una “débil e impredecible aplicación de las regulaciones laborales.

En la presentación del octavo Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010, el decano de la Facultad de Derecho, Juan Enrique Vargas, agregó que estos problemas no son asuntos que corresponda analizar solamente en tiempos de dictaduras. Al contrario, Vargas insistió en la necesidad de profundizar en el análisis de las garantías fundamentales en tiempos de democracia, pues de esta manera se puede reforzar el régimen político. “Nuestro Centro de Derechos Humanos con perseverancia y rigor, sigue dando cuenta de la importancia de someter a las autoridades y sus políticas a un contraste permanente  con los compromisos que el Estado chileno se ha obligado a cumplir en materias de Derechos Humanos”, sentenció, agregando que “la  larga saga de estos Informes registra cómo han ido cambiando los problemas y las prioridades, surgiendo nuevos temas que implican más complejos desafíos para el país y quienes nos gobiernan”.

Al mismo  tiempo, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, comentó las características del documento. Según la experta, el informe permite observar el rol activo de la sociedad civil en el estudio, investigación y análisis de los Derechos Humanos en el país, como una temática de interés para organizaciones no gubernamentales y también para el sector académico. Del mismo modo, Fries resaltó el aporte del informe a nivel nacional e internacional, pues a partir de este tipo de publicaciones los estamentos internacionales que velan por los derechos fundamentales pueden conocer la realidad chilena, generando un traspaso de información que muchas veces regresa a Chile a través de recomendaciones que los organismos devuelven al país a causa de las falencias protecciones civiles.

Finalmente, el último de los panelistas en comentar el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010 fue el periodista y conductor de noticias Fernando Paulsen. Para el invitado, la publicación del Informe vuelve a cuestionar el papel que juega la prensa en la visibilización de temáticas tan relevantes como el conflicto indígena, el maltrato a las mujeres y los niños, las condiciones laborales o el poco resguardo al medio ambiente. “Un informe es siempre una muestra de que el año ha sido mucho más vasto de lo que uno recuerda”, declaró, “Uno tiende a recordar lo último que le impactó, pero un informe como este permite ver la cantidad de cosas que pasaron. Es un extraordinario documento, que agrupa diferentes tipos de hechos, que permitan saber que el año fue mucho más que los últimos dos eventos que recuerda y de los que probablemente más se ha escrito”, añadió, refiriéndose a la huelga de hambre mapuche y la tragedia de los mineros San José. 

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