En cinco preguntas, la académica de la Clínica Jurídica de Justicia Ambiental UDP, Alejandra Donoso, explica el conflicto, su historia y sus consecuencias.

¿Cómo se creó el cordón industrial en Quintero y Puchuncaví?

A inicio de los años sesenta fue inaugurado el Complejo Industrial Ventanas (CIV), con un complejo termoeléctrico de Chilegener y la refinería y fundición de Enami. Luego el puerto Ventanas se inauguró como el principal granalero de carbón y concentrado de cobre. Actualmente son más de 15 instalaciones industriales las que se emplazan en un acotado espacio, entre las que se encuentran termoeléctricas, varios puertos granaleros, de hidrocarburos, gasificadoras, entre otras.

¿Desde cuándo se tiene registro de las crisis ambientales en la zona Quintero y Puchuncaví?

Los primeros estudios datan del año 1980 y se centran en la pérdida de cultivos y actividad agrícola. Posteriormente el caso de los “Hombres Verdes” –trabajadores de Enami Codelco división Ventanas de Puchuncaví que fallecieron producto de enfermedades provocadas por la exposición a metales pesados en sus faenas- advirtió sobre los impactos en la salud de los trabajadores expuestos a la inhalación de gases venenosos.

Esto fue seguido por las intoxicaciones masivas de escolares de la Escuela La Greda en el año 2011. En los años 2014, 2015 y 2016 se registraron 3 derrames de petróleo. En lo que va del 2018 ya han ocurrido decenas de peaks de contaminación por dióxido de azufre (SO2), varamientos de carbón y derrames de hidrocarburos.

¿Cómo se crearon estas zonas de sacrificios?

Las zonas de sacrificio son sectores de alta concentración industrial. Estas se deben a la escasa planificación, regulación y nula fiscalización. En estas los habitantes pueden sufrir enfermedades crónicas del sistema respiratorio, cardiovascular, problemas cognitivos y cáncer, principalmente.

¿Qué derechos de las personas se ven vulnerados?

Cuando se crean estas denominadas “zonas de sacrificio” se genera una afectación al ecosistema, una vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que impide el correcto desarrollo de otros derechos, que son interdependientes, como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y la salud. Además, en este caso se ha vulnerado el derecho a la educación de los escolares que no han podido desarrollar sus estudios mientras siguen las emanaciones tóxicas. Se vulnera también el derecho a la propiedad, debido a que el valor de las casas ha disminuido.

¿Qué responsabilidad tiene el Estado?

El Estado está al servicio de la persona humana y su fin es promover el bien común, ambas tareas no las ha desempeñado correctamente en el caso de las “zonas de sacrificio”, manteniendo una conducta omisiva en cuanto a su deber de garante de los derechos fundamentales de las personas. El Estado no solo tiene responsabilidad de la presente crisis, sino también por permitir haber llegado a esta situación.

Este fue el caso de una pareja de madres que están unidas mediante el Acuerdo de Unión Civil. Ellas acudieron a la Clínica Jurídica para ver cómo resolver este problema.

El director de este organismo, el profesor Cristián Riego, explica que con esta nueva ley, los hijos de las personas que contraen una Unión Civil son hijos por afinidad (o, como se denomina, “políticos”).

Así, estudiando la legislación relativa a las cargas familiares —y tras varios intentos— se logró que una Caja de Compensación, el pasado 10 de mayo, reconociera como carga familiar para efectos de previsión social al hijo de la madre de crianza, quien tiene una Unión Civil con la madre biológica. Con ese reconocimiento, el próximo paso fue inscribirlo en Fonasa, lo cual también fue aceptado.

“Es una especie de primer reconocimiento que tuvo la Ley de Acuerdo de Vida en Pareja en relación con los hijos”, explica el profesor Riego, agregando que esto debiera tener un impacto en todas las otras madres lesbianas, como también en parejas de hombres homosexuales.

Esto es una de las tantas acciones que realiza la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos, la cual —el 2017— cumplió 20 años de existencia trabajando para que se reconozcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos filiativos.