La primera investigación trata sobre los casos de la violación con resultado de embarazo y la respuesta del Estado de Chile, de la cual son autores Lidia Casas (profesora UDP y directora del Centro de DD.HH.), Juan José Álvarez, Paulina Larrondo y Gloria Maira Vargas.

Una de las conclusiones de este estudio es que “los enfoques declarados concernientes a la protección de derechos humanos y las orientaciones estratégicas adoptadas por el Estado son parte de buenas intenciones, todavía insuficientes para brindar un tratamiento adecuado a las necesidades de las mujeres víctimas de violación con resultado de embarazo”.

En tanto, la segunda es sobre la violencia sexual en contra de mujeres migrantes en el trayecto migratorio hacia Chile, el cual fue escrito por Andrea Aguilera, Francisca Vargas (directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados) y la profesora Casas.

Sobre este estudio, una de las conclusiones fue que “la violencia de género, y la violencia sexual y sexualizada, serían para las mujeres migrantes causa y consecuencia de la migración. Así, muchas mujeres comenzarían su trayecto migratorio de manera forzada, para escapar de la violencia sufrida en sus países de origen a manos de sus parejas o exparejas. Durante el traslado entre un país y otro sufrirían violencia sexual en su contra a manos de diversos actores, a modo de moneda de cambio –voluntaria o forzada– para lograr objetivos migratorios o como un costo asociado al acto de migrar”.

“Las investigaciones que componen esta obra ponen de relieve que la revictimización y la violencia institucional se produce pese a las buenas intenciones de los intervinientes y al fortalecimiento de la red estatal y privada de asistencia a mujeres migrantes o a mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales”, dice el prólogo escrito por la profesora de la U. Astral, Yanira Zúñiga Añazco. Y agrega que “la sobreintervención de equipos psicosociales y de equipos jurídicos puede generar un verdadero circuito de revictimización, debido a la falta de coordinación de los distintos actores intervinientes”.

Este fue el caso de una pareja de madres que están unidas mediante el Acuerdo de Unión Civil. Ellas acudieron a la Clínica Jurídica para ver cómo resolver este problema.

El director de este organismo, el profesor Cristián Riego, explica que con esta nueva ley, los hijos de las personas que contraen una Unión Civil son hijos por afinidad (o, como se denomina, “políticos”).

Así, estudiando la legislación relativa a las cargas familiares —y tras varios intentos— se logró que una Caja de Compensación, el pasado 10 de mayo, reconociera como carga familiar para efectos de previsión social al hijo de la madre de crianza, quien tiene una Unión Civil con la madre biológica. Con ese reconocimiento, el próximo paso fue inscribirlo en Fonasa, lo cual también fue aceptado.

“Es una especie de primer reconocimiento que tuvo la Ley de Acuerdo de Vida en Pareja en relación con los hijos”, explica el profesor Riego, agregando que esto debiera tener un impacto en todas las otras madres lesbianas, como también en parejas de hombres homosexuales.

Esto es una de las tantas acciones que realiza la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos, la cual —el 2017— cumplió 20 años de existencia trabajando para que se reconozcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos filiativos.

Este evento comenzará a las 18:30 con una introducción del Decano de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, Marcelo Montero.

Tras eso, hablará Jorge Paredes, gerente del área de Responsabilidad Civil de Infraestructuras de la empresa liquidadora de seguros, Graham Miller, la cual es parte de la red mundial de Crawford & Company, uno de los proveedores mundiales de servicios de liquidación y administración de siniestros y prevención de pérdidas. El tema de la ponencia será “Nueva norma sobre competencia en materia de accidentes del trabajo. Panorama actual y efectos en la responsabilidad civil general”. 

Luego de una ronda de preguntas, será el turno del profesor UDP y director ejecutivo de la Fundación Fernando Fueyo, Carlos Pizarro, quien comentará sobre la “transmisibilidad, víctimas por rebote y daños por accidentes del trabajo”. 

Todo esto será moderado por Claudia Bahamondes, profesora de Derecho Civil UDP y miembro de la Fundación Fernando Fueyo.

Las inscripciones al evento están cerradas, pero —dado el alto interés que ha despertado el Seminario— habrá transmisión vía streaming, cuyo link será comunicado por las redes sociales de Derecho UDP.

Este año el concurso contará con el apoyo del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago y el Instituto Chileno de Derecho Procesal. El mecanismo de trabajo es que un grupo de alumnos, entre ocho y diez, investiga un aspecto puntual con respecto al tópico planteado, generando un trabajo escrito de 30 páginas. 

Tras un primer filtro, los equipos seleccionados —puede haber más de uno por cada facultad participante— defenderán su investigación ante una comisión, en el concurso que se hará el próximo 20 de agosto. La exposición la realiza un solo estudiante, elegido previamente.

Tras eso, se escogen cinco equipos para el día siguiente, donde nuevamente se realiza una exposición ante otro jurado. De allí son elegidas las tres mejores presentaciones. Ese mismo día, 21 de agosto, tendrá lugar un seminario relacionado con el tema del Semillero.

Según la profesora de Derecho UDP y encargada del concurso, Macarena Vargas, el “objetivo es desarrollar las capacidades investigativas de los alumnos y formar a los alumnos en el mundo académico”.

Agrega que también se busca que los temas estén vinculados “con la Reforma Procesal Civil, para mostrarles a los alumnos que el Derecho Procesal tiene una proyección más amplia y que estamos discutiendo lo que pasa en el país”. 

El Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, explicó que en el marco del desarrollo de un proyecto multianual que se ejecuta con aportes de GlobalAffairs Canada, “podemos coorganizar este concurso que busca generar y promover nuevas ideas y discusiones sobre cómo mejorar el acceso a la justicia civil de las personas en Chile y en la región, esta vez desde el tema del arbitraje”

En la primera versión del concurso participaron seis equipos y en 2017 hubo once de nueve facultades distintas. El ganador fue el equipo de la Universidad de Antofagasta. 

Hasta el 10 de julio es la inscripción de los grupos; hasta el 1 de agosto la entrega de trabajos, siendo el 20 y 21 de agosto la realización del concurso.

La ponencia deberá ser entregada en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (República 105) o enviada a: semilleros@mail.udp.cl.

Más información en el sitio web www.semilleroderechoprocesal.udp.cl

Los Coloquios de Derecho Internacional (DI), nacieron el año 2010 al alero de la  Universidad Alberto Hurtado, que organizó la primera reunión  en torno al tema: “El Derecho Internacional que viene y su enseñanza”. La actividad convocó a un grupo de profesores en la búsqueda de un nuevo espacio académico nacional e internacional destinado a la reflexión, discusión y difusión del derecho internacional público.

Para 2017 se propone un tema sobre el cual versarán, idealmente, las ponencias para proporcionar un hilo conductor al diálogo y debate, tal como en 2016. El enfoque de análisis de todas las sentencias será: No-discriminación e igualdad en el derecho internacional. “Este se comprende de una manera amplia, ya que ciertamente, la garantía de la igualdad corresponde a una norma transversal en el derecho”, manifiesta el profesor Rodolfo Figueroa, director del Programa de Derecho Público UDP, organizador de los presentes coloquios de DI.

Por otra parte, y continuando con la tarea de difusión y debate de jurisprudencia referida a derecho internacional y del derecho internacional público en particular, se mantendrá el enfoque de aceptar solo comentarios de sentencias referidas, íntegra o parcialmente, al derecho internacional, provengan de tribunales u órganos internacionales, regionales, extranjeros o chilenos.

Ponentes

Podrán participar profesores y profesoras, ayudantes, investigadores e investigadoras independientes de su nacionalidad, de cualquier área del derecho, en tanto que su ponencia se refiera a una o más sentencias relevantes para el derecho internacional público, provenientes de tribunales internacionales, nacionales o extranjeros, y que sean recientes.

Quienes estén interesados / interesadas en participar como ponentes deberán enviar un resumen de su presentación a programaderechopublico@mail.udp.cl, indicando en el asunto del correo: “PROPUESTA DE PONENCIA”, hasta el día viernes 4 de agostodel 2017.

El Comité Organizado –  integrado por los profesores de Derecho UDP Judith Schonsteiner, Rodolfo Figueroa y Felipe González, será el encargado de aceptar las ponencias propuestas, para lo cual evaluará la calidad académica y la pertinencia del resumen de la presentación con la convocatoria. Ello, previa consulta al Comité Académico Asesor, compuesto por académicos e investigadores de diversas universidades chilenas.

El certamen se desarrolla en varias etapas  y es una ocasión para “poner en práctica habilidades orales en un marco de respeto y pluralismo”, señala el abogado UDP Jaime Cerda, quien dirige la actividad.  “Su principal objetivo es que los alumnos puedan conocer el verdadero trabajo que realiza un abogado en sistemas orales. La idea es desmitificar esa concepción de que el abogado solamente lee libros y leyes, ya que gran parte de su trabajo consiste en poner en práctica habilidades para litigar en los juicios y a su vez elaborar estrategias para ganar un caso”, agrega.

A través de juicios orales simulados, en donde los equipos asumen roles de fiscalía y defensoría públicas, éstos van demostrando sus habilidades en sucesivas rondas. Previamente, son capacitados por profesores y ayudantes de la Facultad de Derecho UDP. Todo el proceso, salvo la ronda final, se realiza en dependencias de la misma Facultad, lo que permite a los secundarios acercarse a una vivencia universitaria.

El año pasado, el Torneo lo ganó el Liceo Carmela Carvajal de Providencia, a partir de un caso sobre supuesto maltrato infantil, en el cual las estudiantes actuaron como defensoras del imputado. Como es habitual, la ronda final se desarrolló en el Centro de Justicia de Santiago.

El equipo ganador obtendrá $600.000,  el segundo lugar se adjudicará $400.000 y el mejor litigante individual,  $100.000.  También habrá certificado de participación para todos los participantes.