El libro fue presentado por la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet, el diputado por la Región de Magallanes, Gabriel Boric, y el empresario Juan Antonio Guzmán.

Ver video del streaming aquí.

Bajo esta premisa, el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales organiza el Seminario ICSO “Presidents’ gender, corruption, scandals and approval ratings”, presentado por Catherine Reyes-Housholder, investigadora asociada del ICSO y postdoctorante COES-UDP.

Reyes-Housholder mostrará un estudio de caso que explica cómo la imagen de la presidenta chilena Bachelet como una mujer política diferente y más honesta pareció hacer subir el estándar ético, y un escándalo que implicó a su familia redujo drásticamente sus niveles de aprobación pública. Modelos estadísticos de interacción muestran que niveles más altos de corrupción en el poder ejecutivo y al menos un escándalo presidencial reducen más las evaluaciones de las presidentas mujeres que las de los presidentes hombres. Este manuscrito contribuye a la investigación sobre los desafíos específicos que enfrentan las mujeres líderes.

Esta actividad se realizará el jueves 15 de marzo a las 11:30 horas en la sala B-21 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324.

 Confirmar asistencia aquí.

El tema irrumpió en la agenda pública a fines del 2015, mediante la presentación por parte de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales; el Servicio Jesuita de Atención a Migrantes (SJM), y la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, de una reclamación de nacionalidad conjunta  ante la Corte Suprema, por 167 menores inscritos erróneamente como Hijo de Extranjero Transeúnte HET, lo que los dejaba en condición de riesgo de apatridia.  La gestión  tuvo como resultado la rectificación de sus partidas de nacimiento y el compromiso del Estado en trabajar por esta temática mediante acciones concretas.

El año 2016 la iniciativa se transformó en un esfuerzo interinstitucional denominado  proyecto “Chile Reconoce”,  involucrando al Estado a través del Departamento de Extranjería y Migración, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, además de ACNUR. Cien niños y niñas de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana pudieron acceder a su derecho a la nacionalidad chilena gracias a este esfuerzo. Pero según el Registro Civil,  a esa fecha eran 2000 los niños nacidos en Chile que se encontraban inscritos como hijos de extranjeros transeúntes.

Durante la ceremonia efectuada en el Palacio de La Moneda, la mandataria hizo entrega simbólica de certificados de nacimiento y pronunciamiento de nacionalidad a un grupo de niños y niñas de la Región Metropolitana que fueron beneficiados por el proyecto. Entre otras autoridades estuvieron presentes ministros, jefes de servicio y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, Juan Enrique Vargas y Rafael Blanco, así como la directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Lidia Casas.

Francisca Vargas, profesora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, señala que entre los desafíos que aún quedan pendientes se encuentra la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y a la Convención para reducir los casos de Apatridia (1961). Respecto de cómo continuará el trabajo este año, indica que “junto a la facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado estamos trabajando en un proyecto sobre nacionalidad y apatridia, financiado por Open Society Foundations Justice Iniciative, el cual se enmarcará en  la segunda etapa del proyecto interinstitucional ‘Chile Reconoce’”.

Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDP, Lidia Casas, afirmó que esta es “una potente señal  fruto del arduo trabajo de la Clínica en los últimos años en pos del derecho a la nacionalidad”.  Este fue reclamado a través de un litigio de interés público, agregó,  “y como Centro seguiremos potenciando acciones de esta naturaleza en diversos ámbitos, para desmantelar prácticas discriminatorias en nuestra sociedad”.