El informe, elaborado por el director del OCEC UDP, Juan Bravo, utiliza información procesada y comparativa de las constituciones de 192 países, recogida por el Comparative Constitutions Project. Entre otras conclusiones, arroja que 3 de cada 4 naciones recogen el derecho a la sindicalización en su carta fundamental, y que la mayoría de las constituciones no establece el derecho a huelga, o lo consagra sin establecer las limitaciones a nivel constitucional.

Con ese análisis, el Documento de Trabajo considera “relevante mantener el principio de no discriminación arbitraria laboral en la carta magna, y profundizarla, eliminando la nacionalidad como criterio válido de discriminación laboral para el legislador, excepto por razones de soberanía o seguridad nacional”.

También aboga por mantener el derecho a sindicalización y consagre el derecho de negociación colectiva, estableciendo expresamente que sus limitaciones y modalidades se regirán por ley ordinaria.

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