En base a esta problemática es que la Facultad de Ingeniería y Ciencias, junto con el Centro de Energía y Desarrollo Sustentable UDP (CEDS) y Alianza Valor Minero, realizó un Seminario titulado “Desarrollo Sostenible de la Minería en la zona Central: Un desafío para Chile”(Ver video del streaming), donde confluyeron autoridades de Gobierno, actores del sector privado, académicos e investigadores para debatir sobre el estado actual de la minería en Chile y de los desafíos a futuro para que ésta pueda ser un aporte al desarrollo sostenible del país desde la zona central.

Para esto, dos expositores presentaron el escenario desde diferentes aristas: el ex ministro y presidente de Alianza Valor Minero, Álvaro García, mostró los obstáculos con los cuáles la minería se encontrará en la zona central, tales como la fuerte presencia de la agricultura, la gran densidad de población, la escasez de recursos hídricos, entre otros, a la vez que expuso sobre las oportunidades que podrían abrirse, como encontrar soluciones colaborativas entre sectores productivos, por ejemplo, con el sector turismo, el cual podría beneficiarse de la infraestructura de conectividad para la minería. Por su parte el miembro del Consejo Fiscal del Ministerio de Hacienda e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Medina, planteó la situación desde un punto de vista macroeconómico, basado en cifras el potencial económico de la minería en la zona central y cómo la complementariedad de sectores productivos puede ayudar al desarrollo transversal de la economía.

A estas exposiciones se sumó una mesa de discusión donde participaron la directora del Magíster en Políticas Públicas UDP, Claudia Sanhueza, el presidente de SONAMI, Diego Hernández, y el economista e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rafael Bergoeing, quienes moderados por el director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable UDP, Claudio Huepe, debatieron sobre cómo hacer que los beneficios de una minería en la zona central lleguen a todo el país, llegando a la conclusión de que la colaboración multisectorial es un cambio cultural necesario para un desarrollo sostenible.

Respecto a lo anterior, el Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP, Rodrigo Garrido, señaló que “durante un largo período Chile tuvo un crecimiento económico significativo, pero quizás sin una adecuada mirada a largo plazo, lo cual ha llevado a una situación de tensión en torno a muchos proyectos productivos. Pero hoy en día los desafíos de la ingeniería ya no son exclusivamente técnicos, sino que dicen relación con cómo conciliar el desarrollo técnico con las exigencias económicas, ambientales y sociales del país, y muy especialmente de las comunidades que se encuentran en torno a estos proyectos. Este seminario es un aporte a la reflexión para reactivar el debate, fomentando un diálogo multidisciplinar y analizando cómo enfrentar uno de los más grandes desafíos del próximo siglo: llevar adelante la actividad minera en la zona central”. 

Si quieres conocer las ponencias del seminario y los estudios presentados, ingresa aquí (video-streaming del evento)

La geointeligencia es una combinación de herramientas que busca dar respuesta a decisiones de política públicas, comerciales y de desarrollo, a través de una integración cuantitativa de datos de la más diversa índole, entre los que destacan los sociodemográficos, geográficos, económicos y de movilidad.  Los ámbitos de aplicación de la geointeligencia son muchísimos, y cada vez se extienden más. Sólo a modo de ejemplo, es posible mencionar el retail, el transporte, la seguridad, las telecomunicaciones, entre otros.

Esta disciplina se basa principalmente en el diseño, uso y adaptación de nuevas tecnologías, principalmente aquellas relacionadas con la localización de agentes, a fin de generar información que permita ampliar el conocimiento y mejorar la toma de decisiones en diferentes ámbitos.

La cita es para este miércoles 24 de mayo, desde las 9.00 horas, en el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra, Vergara #324, piso – 1.

El tema irrumpió en la agenda pública a fines del 2015, mediante la presentación por parte de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales; el Servicio Jesuita de Atención a Migrantes (SJM), y la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, de una reclamación de nacionalidad conjunta  ante la Corte Suprema, por 167 menores inscritos erróneamente como Hijo de Extranjero Transeúnte HET, lo que los dejaba en condición de riesgo de apatridia.  La gestión  tuvo como resultado la rectificación de sus partidas de nacimiento y el compromiso del Estado en trabajar por esta temática mediante acciones concretas.

El año 2016 la iniciativa se transformó en un esfuerzo interinstitucional denominado  proyecto “Chile Reconoce”,  involucrando al Estado a través del Departamento de Extranjería y Migración, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, además de ACNUR. Cien niños y niñas de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana pudieron acceder a su derecho a la nacionalidad chilena gracias a este esfuerzo. Pero según el Registro Civil,  a esa fecha eran 2000 los niños nacidos en Chile que se encontraban inscritos como hijos de extranjeros transeúntes.

Durante la ceremonia efectuada en el Palacio de La Moneda, la mandataria hizo entrega simbólica de certificados de nacimiento y pronunciamiento de nacionalidad a un grupo de niños y niñas de la Región Metropolitana que fueron beneficiados por el proyecto. Entre otras autoridades estuvieron presentes ministros, jefes de servicio y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, Juan Enrique Vargas y Rafael Blanco, así como la directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Lidia Casas.

Francisca Vargas, profesora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, señala que entre los desafíos que aún quedan pendientes se encuentra la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y a la Convención para reducir los casos de Apatridia (1961). Respecto de cómo continuará el trabajo este año, indica que “junto a la facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado estamos trabajando en un proyecto sobre nacionalidad y apatridia, financiado por Open Society Foundations Justice Iniciative, el cual se enmarcará en  la segunda etapa del proyecto interinstitucional ‘Chile Reconoce’”.

Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDP, Lidia Casas, afirmó que esta es “una potente señal  fruto del arduo trabajo de la Clínica en los últimos años en pos del derecho a la nacionalidad”.  Este fue reclamado a través de un litigio de interés público, agregó,  “y como Centro seguiremos potenciando acciones de esta naturaleza en diversos ámbitos, para desmantelar prácticas discriminatorias en nuestra sociedad”.