La primera investigación trata sobre los casos de la violación con resultado de embarazo y la respuesta del Estado de Chile, de la cual son autores Lidia Casas (profesora UDP y directora del Centro de DD.HH.), Juan José Álvarez, Paulina Larrondo y Gloria Maira Vargas.

Una de las conclusiones de este estudio es que “los enfoques declarados concernientes a la protección de derechos humanos y las orientaciones estratégicas adoptadas por el Estado son parte de buenas intenciones, todavía insuficientes para brindar un tratamiento adecuado a las necesidades de las mujeres víctimas de violación con resultado de embarazo”.

En tanto, la segunda es sobre la violencia sexual en contra de mujeres migrantes en el trayecto migratorio hacia Chile, el cual fue escrito por Andrea Aguilera, Francisca Vargas (directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados) y la profesora Casas.

Sobre este estudio, una de las conclusiones fue que “la violencia de género, y la violencia sexual y sexualizada, serían para las mujeres migrantes causa y consecuencia de la migración. Así, muchas mujeres comenzarían su trayecto migratorio de manera forzada, para escapar de la violencia sufrida en sus países de origen a manos de sus parejas o exparejas. Durante el traslado entre un país y otro sufrirían violencia sexual en su contra a manos de diversos actores, a modo de moneda de cambio –voluntaria o forzada– para lograr objetivos migratorios o como un costo asociado al acto de migrar”.

“Las investigaciones que componen esta obra ponen de relieve que la revictimización y la violencia institucional se produce pese a las buenas intenciones de los intervinientes y al fortalecimiento de la red estatal y privada de asistencia a mujeres migrantes o a mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales”, dice el prólogo escrito por la profesora de la U. Astral, Yanira Zúñiga Añazco. Y agrega que “la sobreintervención de equipos psicosociales y de equipos jurídicos puede generar un verdadero circuito de revictimización, debido a la falta de coordinación de los distintos actores intervinientes”.

El problema de la violencia sexual, conocido pero hasta ahora callado, hace necesario reflexionar sobre lo que caracteriza la violencia sexual, sobre la situación de omertà específica que genera, así como sobre las herramientas políticas –ya existentes o que deben ser forjadas– para responder a esta violencia y para poderla detectar.

¿Es la violencia sexual un problema atingente a la naturaleza de las relaciones, a determinadas configuraciones culturales, o a la particularidad de los sistemas de poder? ¿Cómo abordar la situación de omertà que se produce tras un acoso o una violación? Considerando que este silencio es una perpetuación de la violencia, ¿Cómo caracterizar a sus actores? ¿Qué tipo de respuesta política existe frente a este silencio que no lo reproduzca de otras formas?

El uso de las redes sociales ha sido hasta el momento un medio que ha permitido cambiar lo que parecía hacer ineluctable este silencio, constituyéndose así no solo como una arma política contra la violencia sexual, sino como un arma extra-institucional de eficacia global. ¿Cómo analizar esta dimensión específicamente extra-institucional de las redes sociales ? ¿Qué subjetividad produce (a mediano y largo plazo) un medio que puede hacer uso del anonimato?