AGENDA
12 / 08 / 2026
La disminución de recursos hacia las humanidades y ciencias sociales que ha previsto el gobierno -en favor de lo que a su juicio son áreas prioritarias- es una grave lesión a las universidades y la esfera pública. Y vale la pena revisar porqué.
Para ello es imprescindible recordar lo que caracteriza a las humanidades, el hilo que unifica y vincula a quienes descifraban textos en Pérgamo, a Lorenzo Valla y Petrarca que recuperaban el saber de un Cicerón o un Quintiliano, a un crítico literario dedicado hoy a Derrida o a los estudios culturales, a un arquitecto que indaga en la forma en que la ciudad distribuye el espacio, a un artista que explora en la música o la plástica aquello que no puede ser dicho y a un historiador que revisa la memoria colectiva ¿qué tienen en común esos quehaceres en apariencia indisciplinados y diversos? Lo que tienen en común es que todos ellos están empeñados en descifrar los significados que subyacen a la creación humana, en indagar y explorar las mallas de significado que confieren sentido a la realidad que nos rodea. Porque no vivimos rodeados de cosas, sino de significados. Y cuando las humanidades y las ciencias sociales develan esos significados, o los critican, o los exploran, muestran que el mundo es contingente y de esa manera señalan los intersticios por donde se insinúa la posibilidad de un mundo distinto al que hoy día poseemos. En esa tarea las humanidades poseen un gigantesco potencial crítico, desde luego, pero también político porque rehúsan, con muy buenas razones, a creer que el mundo que tenemos es definitivo y nos recuerdan una y otra vez que la condición humana consiste en interpretarse a sí misma y por esa vía en inventarse.
Lo anterior es lo que hace imprescindibles a las humanidades, por lo pronto, en la universidad contemporánea. La universidad afirma la posibilidad de saber, pero al mismo tiempo descree de esa posibilidad. La universidad es, por eso, la única institución de la sociedad moderna que hace de la reflexión radical su quehacer más propio, sin ellas la sobreabundancia de información en vez de servirnos nos desorientaría y los avances tecnológicos en vez de proveernos bienestar podrían acabar sometiéndonos, o lo que es peor, y como hoy día está ocurriendo, acabarían erigiendo al técnico en el profeta de nuestro tiempo.
Pero incluso más allá de eso, las humanidades no solo configuran al quehacer más propio de las universidades, sino que hacen posible el ámbito de lo público, ese ámbito donde se plantea y se intenta, una y otra vez, responder la pregunta que Platón puso en la República diciendo que era la más importante de todas ¿cómo es que debemos vivir? Si la condición humana no fuera contingente, si no supiéramos o no se nos recordara, que la vida humana se sostiene a sí misma tejiendo significados, entonces ninguna deliberación acerca de la vida en común tendría sentido, y la política quedaría reducida a un policy making que no sería capaz de orientarse a sí mismo. Heidegger profetizó en uno de sus textos que cuando la técnica lo invadiera todo, y las masas se reunieran en asambleas populares y el “boxeador rigiera como el gran hombre de la nación” (¿acaso no es ese nuestro mundo?) entonces “justamente entonces -dijo Heidegger- cruzarían todo ese aquelarre como fantasmas las preguntas ¿para qué? ¿hacia dónde? ¿y después qué?”.
Devaluar a las humanidades o las ciencias sociales, empujarlas fuera del espacio público en favor de la tecnología, es un error de proporciones gigantescas que no solo erige al técnico en el profeta de nuestra época, sino que hace de la política un puro policy making.
En estos mismos días en que se hizo este anuncio que desprecia (no hay otra forma de describirlo) a las humanidades y las ciencias sociales se discuten iniciativas de ley -como el relativo al aborto, la gestación subrogada o la selección escolar- para cuyo análisis se requiere una conciencia esclarecida acerca de la índole moral e histórica de nuestra condición. Y es de veras contradictorio que mientras esos problemas, y otros semejantes como la Inteligencia Artifical, asoman en la conciencia pública, en momentos en que la técnica parece sustituir todo discernimiento y reemplazarlo por la simple capacidad de manipular la realidad, el gobierno consienta en disminuir el apoyo a los quehaceres intelectuales que indagan en ellos, como si esos problemas fueran puramente ideológicos o de preferencias y no de razones cuyo examen es la vocación más propia de las humanidades y las ciencias sociales.
Uno de los rasgos esperables de las autoridades es que posean un cierto dominio, al menos conceptual, de los asuntos que caen bajo su competencia.
Desgraciadamente no parece ser el caso de la ministra Ximena Lincolao, a juzgar por las opiniones que ha deslizado en el debate sobre el financiamiento o los apoyos al quehacer científico.
Desde luego, parece confundir los asuntos sobre los que hay que reflexionar, con la forma de hacerlo. Es verdad que entre las áreas prioritarias está, por ejemplo, seguridad; pero de allí no se sigue que ello pueda ser sin más objeto de reflexión de las ciencias sociales y menos de las humanidades. Una cosa es sobre qué versa una investigación, otra las preguntas que esta última intenta esclarecer. Medir la criminalidad, o los efectos en la ocupación de esto o aquello, algunos de los ejemplos que citó para negar que haya carencia o minusvaloración de las humanidades y ciencias sociales en el conjunto de sus propuestas, es muy interesante y útil; pero tiene poco que ver con las humanidades e incluso con las ciencias sociales que, desde que se configuraron a fines del siglo XIX, aspiran a un quehacer más reflexivo que la mera descripción respecto de los temas de que se ocupan. La ministra parece confundir las metodologías operacionalistas con los paradigmas de las ciencias sociales.
Para defender la política que ha decidido impulsar (es decir, para racionalizar el mandato u orden que ha recibido de disminuir los recursos) ha citado un conjunto de cifras sosteniendo que ella adopta las decisiones basada en datos. Pero todo el mundo sabe -al menos todo el mundo académico, al menos desde Hume o Kant- que los datos no hablan por sí mismos, los datos se esgrimen o se citan en apoyo de decisiones que no se configuran fácticamente, que no derivan de los hechos sino que se configuran por ciertas orientaciones normativas que no son hechos.
Y ahí radica justamente el problema que las decisiones gubernamentales en esta materia plantean (gubernamentales puesto que no son, obviamente, decisiones de la ministra). Porque lo que subyace en ellas es justamente una cierta comprensión del quehacer intelectual que es erróneo y que devalúa conceptualmente a toda un área del quehacer intelectual por carecer de utilidad, o, si se prefiere, por no producir resultados tangibles y mensurables en alguna escala de bienestar. Es cierto, no vale la pena ocultarlo, que a veces los cultores de las humanidades y las ciencias sociales proveen razones para desconfiar de ellas y descreer que puedan ser merecedoras de apoyo. Eso es cierto; pero de ahí no se sigue ningún criterio general para situar a las disciplinas en su conjunto por debajo en una escala de prioridades o pretender que se pueda orientar la reflexión intelectual estableciendo ex ante qué es digno de ser investigado o reflexionado y qué no, como si las universidades fueran instrumentos de política pública.
En fin, el pragmatismo de la ministra ve en todos estos reclamos del CRUCH y de algunos rectores simples reclamos o demandas corporativas, formas enmascaradas de promover los propios intereses. Al decir esto la ministra incurre en una falacia consistente en confundir motivos con razones. Puede ocurrir incluso que el CRUCH tenga como motivo para sus alegatos promover los intereses de quienes integran ese organismo; pero de ahí no se sigue que no pueda esgrimir buenas razones para ello ¿No conoce acaso la ministra la distinción -harto vieja en las ciencias- entre los motivos por los que se descubre algo y las razones que se tienen para justificarlo como integrante del conocimiento?
Quizá lo complicado de todo este problema es que pone de manifiesto el peligro de creer que un pragmatismo rampante, aliñado con errores conceptuales, es una buena forma de justificar decisiones públicas.
