Tres docentes de la Universidad Diego Portales, de un total de 18 de diferentes instituciones de educación superior del país, fueron convocados por los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social para ser parte de un grupo multidisciplinario de expertos y expertas que deberán desarrollar una propuesta para la reducción de la informalidad laboral en Chile y avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo.

Se trata de Jorge Atria, académico de la Escuela de Sociología y Alessandra Pizzo y Benjamín Villena, docentes del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Empresa, quienes se integraron al Consorcio de Universidades contra la Informalidad en Chile, que, en particular, deberá investigar sobre el mercado nacional, sus brechas actuales con otros países, la composición y distribución de la formalidad y cómo afecta a distintos sectores y las causas de la informalidad.

“El mundo académico posee la capacidad analítica y la experiencia en investigación que permitirá generar una mirada enriquecida de este problema. Los alcances de la informalidad trascienden al mercado laboral y afectan, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones, y en general, en la capacidad que tienen los gobiernos de llegar a los grupos más vulnerables de manera efectiva. Es una buena señal que el gobierno convoque a personas que se han dedicado a empujar la frontera del conocimiento en un tema determinado, especialmente en épocas y situaciones en las cuales algunas decisiones de políticas públicas se basan en argumentos poco razonados y simplistas”, detalla Benjamín Villena.

Respecto a su foco en el Consorcio, Alessandra Pizzo adelanta que pondrá énfasis en las brechas en el mercado laboral según diferentes indicadores de desarrollos. “En particular espero contribuir al análisis integrado del sistema de contribuciones sociales y protección social, y de cómo interactúan con los incentivos a la participación en el mercado laboral y a la incidencia de la informalidad”, destaca.

Por su parte, Atria, que cuenta con una trayectoria en investigación ligada a las desigualdades económicas, explica que “la preocupación por las desigualdades puede contribuir a no perder de vista que en nuestro país coexisten trayectorias vitales muy distintas, lo que está en buena medida influenciado por oportunidades muy diferenciadas para desplegar los anhelos y proyectos de las personas. Esto implica entonces someter a escrutinio el rol del Estado, las formas en que se hace visible y necesario para los ciudadanos, y los efectos que tienen los propios diseños de política pública en las decisiones de las personas de optar por alternativas informales”.

Atria resalta que “fomentar la inclusión debería considerar, por ende, no sólo los desafíos en el mercado laboral y en las pensiones, sino también la relación entre ciudadanía y Estado, repensando la distribución de deberes y derechos para ofrecer condiciones de acceso más equitativas a los logros económicos del país”, concluye.

Además de los académicos UDP, el Consorcio está integrado por: Francisco Gallego, Claudio Sapelli, Alejandra Vives y Carolina Muñoz de la Pontificia Universidad Católica; Valentina Paredes, Jaime Ruiz-Tagle y Pablo González de la Universidad de Chile; Mauricio Apablaza y Álvaro Donoso de la Universidad del Desarrollo; Francisco Parra, Diana Krueger y Mariana Bargsted de la Universidad Adolfo Ibáñez; Luis Valenzuela y Gonzalo Saavedra de la Universidad Austral y; Bernardo Lara, Rodrigo Palomo y Emilio Moyano de la Universidad de Talca.