Durante los últimos años, la expansión de las tecnologías digitales ha transformado profundamente la forma en que los Estados administran sus políticas sociales y Chile no ha sido la excepción. Por medio de herramientas como el Registro Social de Hogares, entre otros, el Gobierno ha gestionado el acceso a distintos beneficios y/o prestaciones. Sin embargo, este panorama también ha abierto un sinnúmero de interrogantes.

Frente a este contexto, la académica de la Facultad de Derecho, Viviana Ponce de León, desarrolló el proyecto Fondecyt “La condicionalidad del sistema de asistencia social bajo el enfoque de derechos: análisis a la luz de los principios de universalidad, indivisibilidad e igualdad y no discriminación”.

A través de este estudio, la abogada de la Universidad Católica del Norte (2008) y Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2018) analizó las condiciones que el Estado impone a la ciudadanía para acceder a distintas compensaciones sociales. Esto, tomando en cuenta los procesos de digitalización que rigen a los gobiernos centrales.

• ¿Qué la motivó a investigar la relación entre la condicionalidad de los sistemas de asistencia social y el enfoque de derechos humanos?

Para entender esta relación, es necesario explicar que mi proyecto estudia cómo el sistema de asistencia social en Chile (que entrega prestaciones fundamentales a miles de familias), impone condiciones para acceder a estas prestaciones (como acreditar ciertos ingresos o cumplir con controles de salud) y cómo dichas condiciones se gestionan hoy a través de algoritmos y bases de datos masivas. El objetivo central es determinar si estas condiciones y tecnologías respetan realmente los derechos humanos o si, bajo una fachada de eficiencia y modernización, están creando nuevas formas de exclusión y vigilancia sobre las personas más socioeconómicamente vulnerables.

Históricamente, el Derecho ha tendido a ignorar la asistencia social, dejándola en manos de la economía o la gestión administrativa, como si fuera un área donde la ley no tiene mucho que decir. Sin embargo, en una sociedad de riesgos constantes, la vulnerabilidad no es un rasgo fijo de ciertas personas, sino una condición que nos puede alcanzar a todos. Mi interés surge de esa paradoja: mientras la asistencia social se expande, el escrutinio jurídico sobre sus condiciones suele disminuir. Me interesa investigar cómo estas reglas impactan la vida de personas en situación de exclusión, asegurando que el Estado no use la necesidad económica como una excusa para imponer conductas o vigilar la vida privada de forma arbitraria.

• En términos metodológicos, ¿cómo se desarrolló la investigación?

Desarrollé esta investigación desde una perspectiva que combina el análisis normativo con el estudio de la gobernanza digital. En primer lugar, realicé un examen exhaustivo de los tratados internacionales para identificar los estándares de derechos humanos aplicables. Luego, me enfoqué en el funcionamiento del Sistema Intersectorial de Protección Social (que reúne los principales programas y beneficios sociales existentes en Chile), analizando las leyes, los reglamentos y manuales técnicos que rigen el Registro Social de Hogares. Mi metodología busca contrastar la promesa del derecho con la realidad de la gestión, utilizando análisis documental y crítico, para proponer criterios que permitan que las condiciones impuestas por el Estado sean herramientas de apoyo y no mecanismos de exclusión.

• Considerando experiencias internacionales, ¿hacia qué tipo de paradigma están avanzando los sistemas de asistencia social?

Actualmente, estamos presenciando una tensión global entre dos paradigmas. Por un lado, hay un esfuerzo por consolidar el enfoque de derechos, pero, por otro, vemos preocupantes señales de regresión impulsadas por políticas de austeridad. El paradigma que está ganando terreno es el de una asistencia social condicionada al presupuesto, donde el objetivo ya no es proteger a la ciudadanía, sino reducir el gasto fiscal a toda costa. En este contexto, surge el riesgo de que la digitalización no opere como una mejora del servicio, sino como un instrumento para implementar recortes de manera más eficiente y menos visible. El retroceso no está en la tecnología en sí, sino en eventualmente usarla para justificar el retiro del Estado y la erosión de los derechos sociales bajo la excusa de la sostenibilidad financiera.

• ¿En qué medida la condicionalidad del sistema de asistencia social influye en aspectos como la superación de la pobreza y/o la movilidad social?

La condicionalidad no es neutral. Puede ser un motor de movilidad o una trampa de pobreza. Cuando las condiciones se diseñan como apoyos, por ejemplo, facilitando el acceso efectivo a la salud o a la educación, pueden fortalecer la autonomía de las personas. Pero cuando son punitivas o estigmatizan a sus destinatarios, terminan perpetuando la exclusión. Mi investigación sugiere que la movilidad social solo es posible si el sistema permite que las personas impugnen las decisiones del Estado y si las condiciones impuestas respetan la dignidad y la realidad material de las familias, sin exigirles requisitos que en la práctica funcionan como barreras de acceso.

• Tomando en cuenta la realidad nacional, ¿cuáles son los principales desafíos del sistema de asistencia social?

Identifico dos desafíos en Chile, que también se replican a nivel global. Primero, un desafío conceptual y político, que consiste en superar la visión de la asistencia social como un beneficio caritativo o una ayuda discrecional del gobierno de turno. El gran reto es transitar hacia un efectivo enfoque de derechos, donde la asistencia social sea reconocida como una obligación del Estado y una garantía ciudadana. Esto implica que el acceso al sistema no puede ser el precio que las personas pagan a cambio de ser vigiladas o estigmatizadas.

El segundo es el desafío de una transformación tecnológica inclusiva. Chile ha avanzado muchísimo en digitalización, pero el reto es que esta modernización no profundice las brechas existentes. Debemos atender la alfabetización digital de las poblaciones beneficiarias para que la tecnología sea un puente y no una barrera de acceso. Asimismo, es urgente adaptar nuestro sistema a los nuevos marcos legales sobre protección de datos e Inteligencia Artificial, asegurando que la automatización sirva para facilitar la entrega de prestaciones de forma transparente, sin perder de vista que la tecnología debe ser una herramienta para ampliar derechos, no para restringirlos por fallas de diseño o falta de acompañamiento.

• ¿Qué herramientas adquieren las y los estudiantes al participar en cursos o proyectos vinculados a esta línea de investigación?

Lo primero que ocurre es una sorpresa académica. Las y los estudiantes suelen descubrir un área del Derecho que no aparece en las mallas. La asistencia social rara vez se enseña como un fenómeno jurídico, lo que genera la falsa impresión de que es un tema puramente ético, administrativo o de políticas públicas. Al participar en estos proyectos, el estudiantado adquiere la capacidad de identificar el Derecho allí donde parece no estar. Además, se enfrentan al impresionante nivel de desarrollo tecnológico del Estado chileno. Aprenden que detrás de una asignación o un subsidio hay un engranaje digital sofisticado, que requiere un análisis legal de vanguardia. Las herramientas que adquieren son teóricas, pero también les permiten prever las habilidades que requerirán a futuro, como auditar algoritmos, proteger datos personales y defender los derechos de las personas en un entorno totalmente automatizado.

• ¿Qué expectativas tiene respecto de este estudio? Y, ¿cómo proyecta la incidencia de sus hallazgos en el ámbito público?

Mi expectativa es que la tecnología esté al servicio de los derechos y no al revés. He planteado que existen omisiones legales que dejan a la ciudadanía desprotegido frente a las decisiones estatales automatizadas. Espero que mis hallazgos sirvan para que la legislación incorpore salvaguardas claras, como el derecho a una explicación humana frente a un rechazo de un sistema informático. Chile tiene un sistema muy sofisticado y, por tal razón, corre el riesgo de caer en la complacencia. Precisamente por eso debemos ser los primeros en asegurar que la eficiencia no termine sacrificando la justicia social y la dignidad humana.