El director de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Rodrigo Cordero, ha desarrollado una importante línea de investigación vinculada a la teoría crítica, la sociología política y los estudios sociojurídicos. Desde ahí, ha escrito e investigado sobre crisis sociales, momentos constituyentes, neoliberalismo y democracia, entre otros, y ha publicado libros como Crisis and Critique: On the Fragile Foundations of Social Life (Routledge, 2017) y La fuerza de los conceptos: Ensayos en teoría crítica e imaginación Política (Metales Pesados, 2021)

El académico es Doctor en Sociología de la Universidad de Warwick, Reino Unido; Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Sociólogo. También se ha desempeñado como profesor visitante en The New School for Social Research, en Birkbeck College, University of London, y el Institute for Advanced Study, en Princeton.

En la actualidad, se encuentra trabajando en el estudio El sentido del orden: moralidades, legalidades y materialidades en la transformación del orden público en Santiago de Chile. Según comenta, el propósito de la investigación es “avanzar hacia una nueva sociología del orden público que no lo reduzca exclusivamente al ejercicio de la fuerza policial o al poder estatal”.

“Empíricamente, el proyecto estudia tres objetos que se han vuelto familiares pero conflictivos en la ciudad: la instalación de rejas para cerrar calles y pasajes, la circulación y vida pública de armas (tanto en las calles como en espacios digitales), y la expansión de plataformas de vigilancia y reporte. El objetivo es observar cómo estos tres elementos no son solo herramientas de seguridad, sino piezas clave a través de las cuales se produce y disputa el sentido de orden en la convivencia diaria”, adelantó el investigador.

¿En qué contexto surge el estudio El sentido del orden: moralidades, legalidades y materialidades en la transformación del orden público en Santiago de Chile? Y, ¿cuál es el principal objetivo de esta investigación?

Este estudio, financiado a través de un proyecto Fondecyt de 4 años (2025-2029), busca comprender las transformaciones del orden público en Chile, en un contexto marcado por la sensación de inseguridad, el aumento del crimen organizado y la percepción de que la inmigración y el trabajo informal serían responsables de nuevas incivilidades. En efecto, posterior al estallido social y la pandemia se instaló el diagnóstico de una “crisis del orden público” y debilitamiento del Estado de derecho, lo que redundaría en la necesidad de restituir el sentido del orden a través de medidas punitivas y el empoderamiento de las policías. Junto a mis colegas Raimundo Frei y Aldo Mascareño, co-investigadores en el proyecto, buscamos estudiar el orden público como un entramado dinámico de interacciones, valores, afectos y objetos que definen la experiencia de coexistencia en la ciudad.

¿Cómo definiría el concepto de “orden público” desde una perspectiva sociológica, más allá de su dimensión legal?

Desde una perspectiva sociológica, el orden público no es una realidad homogénea anclada a una única institución, sino un orden de interacción que surge y se mantiene mayoritariamente “desde abajo”, a menudo con prescindencia de la autoridad estatal. No es solo el cumplimiento de la ley; es la gestión constante de normas, valores, afectos y prácticas que organizan la experiencia cotidiana y el espacio de interacción con otros. Es, en definitiva, un campo de fricciones entre diversas moralidades y materialidades que producen fronteras simbólicas y sociales en el espacio urbano, demarcando la manera en que se entienden, reconocen y demandan derechos.

En su estudio aparecen tres dimensiones: moralidades, legalidades y materialidades. En su investigación, ¿cómo estas perspectivas dialogan entre sí?

Estas dimensiones dialogan a través de lo que llamamos “paisajes socio-legales”, donde la normatividad de la ley y el espacio de la ciudad se funden. En nuestra investigación, los objetos no son entes inertes: están saturados de moralidades y legalidades. Las moralidades refieren a los valores y afectos que sostienen distintas concepciones del orden; las legalidades abarcan las normas tanto formales como informales que se producen, movilizan e inscriben materialmente en el orden urbano. Por ejemplo, una reja que cierra una calle o un pasaje en un barrio no es sólo una frontera física que limita y regula el libre tránsito; establece al mismo tiempo una suerte de jurisdicción en donde el derecho a la seguridad se entreteje con reglas de uso y convivencia asentadas en concepciones morales del buen vecino. Del mismo modo, las armas circulan no sólo como objetos físicos, sino a través de narrativas digitales en plataformas como TikTok o Facebook, donde se les asocian valores de “autoprotección” o “estatus”, desafiando los marcos legales tradicionales y reconfigurando lo que la gente considera legítimo para defender su entorno. Al observar estas dinámicas, lo que se revela es la dinámica “infrajurídica” que sostiene el sentido del orden.

En la actualidad, ¿por qué es relevante generar miradas críticas sobre el “orden público”?

Es relevante porque el discurso político actual tiende a “segurizar” toda la experiencia urbana, instalando la seguridad como un bien público superior que justifica una mirada punitiva de los grupos subalternos. Una mirada crítica permite observar que el orden público es un terreno de apropiaciones en disputa: lo que para un sector es un orden deseable de tranquilidad y seguridad, para otro es una experiencia de exclusión y precariedad. Esto se vuelve aún más relevante cuando consideramos la inquietante promesa del así llamado “gobierno de emergencia” de restaurar el orden en Chile.

¿Qué significa exactamente ese orden que se quiere recuperar? ¿Es un estado de cosas que alguna vez existió y se perdió? ¿Una promesa de control futuro? ¿O una forma de nombrar miedos, ansiedades y reclamos de justicia que hoy no encuentran otro lenguaje? Nuestro proyecto no apunta a ofrecer respuestas a estas preguntas, sino algunas vías para replantear la pregunta por el orden más allá del control policial. La cuestión no es si debemos “recuperar” el orden público, sino qué tipo de orden colectivo queremos producir, especialmente cuando la ciudad y la sociedad se experimentan como espacios atravesados por fronteras, imaginarias y reales, que parecen infranqueables.

¿Qué implicancias tiene su investigación respecto del diseño de políticas públicas?

Esta es una pregunta cuya respuesta todavía es abierta, pues estamos recién en el segundo año de una investigación de largo aliento. Sin embargo, tenemos expectativas de poder aportar a la discusión de políticas públicas sobre ciudad, especialmente, desde una mirada que descentraliza y desverticaliza la discusión sobre orden público urbano, poniendo atención a cuestiones que comúnmente se dejan de lado, por ejemplo, los microsistemas normativos que surgen en los barrios para gestionar la inseguridad y los miedos.  Al observar fenómenos como la “plataformización de la vigilancia” o la expansión del cierre de calles y pasajes, advertimos un riesgo latente: la transformación del espacio urbano a través de la proliferación de barrios que se convierten en archipiélagos. En estos espacios fragmentados, la seguridad se gestiona mediante “micro-seguridades” privadas que intensifican el temor hacia lo público. La política pública debe considerar que el orden se co-produce por una pluralidad de actores y es un terreno de fricciones cuya gestión cotidiana no depende, en último término de la fuerza de la policía o la autoridad del derecho, sino de la construcción normativa y material de espacios de co-existencia. El desafío de política pública, en el cual las ciencias sociales, las humanidades, la arquitectura y otras disciplinas deben colaborar, es trabajar para evitar que la búsqueda de seguridad individual termine por destruir la vida en común en el espacio público. Aquí me remito a la actualidad que sigue teniendo la advertencia que alguna vez hiciera Norbert Lechner: “Si la democracia no da cabida a los miedos, ellos se impondrán a espaldas nuestras. Sucumbimos entonces al peor de los miedos: el miedo a imaginar otras ciudades posibles”.

A fines de agosto se desarrollará, en la UDP, el Encuentro Anual de Sociología del Derecho. ¿Cuál será el eje del evento y cuáles serán sus principales desafíos?

Este encuentro, que tendrán lugar entre el 31 de agosto y 3 de septiembre del 2026, es coorganizado por la Escuela de Sociología, la Facultad de Derecho y el Comité de Investigación de Sociología del Derecho de la Asociación Internacional de Sociología. El eje central será “El Estado de Derecho Democrático en la Sociedad Mundial”. El principal desafío es explorar si la democracia representativa liberal —piedra angular de los sistemas modernos— aún puede satisfacer las diversas necesidades de una sociedad mundial estructural y culturalmente compleja. Buscamos examinar si los cimientos normativos actuales pueden responder a las nuevas desigualdades, guerras territoriales y desafíos tecnológicos globales.

¿Cómo dialoga este encuentro con los problemas latinoamericanos sobre democracia y derecho?

El encuentro aborda directamente realidades críticas para nuestra región, como la influencia violenta del crimen organizado y los carteles de droga, las masivas olas migratorias y los desafíos de la Inteligencia Artificial para el ejercicio de los derechos. También se discutirán los recientes procesos constituyentes en América Latina, analizando si existe un patrón de “sobre-constitucionalización”, donde las disputas ideológicas se transforman excesivamente en cuestiones legales. Es una oportunidad también para pensar los desafíos y futuros del Estado de derecho desde experiencias situadas en la región, pero con una mirada global.

¿Qué aportes específicos espera que este encuentro genere para el campo académico y para el debate público?

Esperamos generar un diálogo global e interdisciplinario que conecte las tradiciones de la sociología del derecho con los desafíos del siglo XXI, como la Inteligencia Artificial y el cambio climático. Para el debate público, el aporte reside en ofrecer nuevas teorías y métodos que ayuden a comprender cómo las crisis de confianza institucional afectan la coexistencia democrática. Buscamos además revitalizar la discusión sobre la protección de los derechos humanos frente al debilitamiento del Estado de derecho a nivel global.

¿Cómo vislumbra el impacto de este tipo de actividades en la comunidad estudiantil?

Este evento internacional permitirá a las y los estudiantes de la UDP y de otras instituciones interactuar con destacados académicos y profesionales de todo el mundo. La conferencia tiene un programa nutrido y diverso de presentaciones plenarias y paneles temáticos, por lo que las y los estudiantes tendrán la posibilidad de asistir y escuchar presentaciones que van desde temas de género hasta la digitalización.