El Congreso despachó esta semana el proyecto de ley Convivencia Escolar o Aula Segura que, entre varias medidas, otorga nuevas facultades a los directores de establecimientos educacionales para hacer frente a hechos de violencia dentro de las salas de clases.

En cinco preguntas la académica de Psicología UDP e investigadora de violencia escolar, María Isabel Toledo, explica la ley y sus alcances.

 

¿En qué consiste la ley?

La ley le entrega facultades a los directores de los establecimientos escolares a expulsar a quienes incurran en conductas violentas. Esta ley en sí misma no atiende el problema de la violencia escolar, sino que lo que hace es aplicar la sanción para un grupo de estudiantes, que efectivamente tienen conductas violencias, pero que desde mi punto de vista no se hace la pregunta central de la violencia que es el por qué el estudiante se comporta de esa forma.

La solución no es expulsar a los alumnos, ya que cuando uno expulsa a un estudiante uno se desentiende del problema, argumentando que lo pondrá en otra escuela. Lo que no se están dando cuenta es que con esto se están creando escuelas receptoras de estudiantes expulsados.

 

¿Qué se entiende por violencia escolar?

La violencia se define por el sentimiento de la víctima de ser afectado y ser víctima de violencia. En un inicio la escuela se pensaba como un espacio sagrado en donde los temas y conflictos sociales no entraban. Hoy, estos conflictos lograron penetrar y llegaron al interior de las escuelas generando múltiples tipos de violencia.

En la actualidad, todas las personas pertenecientes a una escuela han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea violencia institucional (que produce la escuela), de los directivos a los profesores, entre profesores, de alumnos a profesores, entre alumnos, de apoderados hacia profesores y entre apoderados.

 

¿Cómo se pueden solucionar estos brotes de violencia?

Hay que preguntarse el sentido que tiene esa violencia, ya que esta no siempre es respuesta a una causa puntual, no es una relación causa efecto.

El primer paso es reconocer que las violencias son diversas, que acá no es solo un grupo de niños, sino que hay una cantidad diversa de violencia en las cuales estamos todos involucrados. Luego hay que reconocer que un conflicto es una instancia de aprendizaje, es la instancia para generar nuevas normas y acuerdos que harán avanzar la historia. Los cambios sociales se producen a propósito del conflicto.

Entonces, hay que cambiar la escuela, hay que instalar el conflicto y reconocerlo, hay que atenderlo e instalar esto a través del diálogo.

 

¿Cómo se debería legislar sobre la violencia escolar?

Esto no es un cambio que se soluciona con una ley, sino que es un cambio cultural que pasa por todos. Hay que instalar el conflicto y el diálogo en la formación de los docentes, hay que entender que esto tienen que ir en un currículum que incorpore el conflicto a cabalidad con temas como el conflicto y conocimiento, el conflicto en las emociones y en todos sus ámbitos.

Con esta ley hay una acción política. Todas las políticas y acciones dedicadas a prevenir la violencia escolar son las que ponen a los estudiantes en el centro, esto ya que son ellos son los actores sociales que más conocen la violencia. Esto es contrario a lo que está haciendo la ley Aula Segura.

 

¿Cuál será el resultado de la ley?

Esta ley genera exclusión, discriminación, ghettos estudiantiles y vulnera los derechos de los estudiantes. Se quiere expulsar a los estudiantes que requieren más atención pedagógica, pero un adolescente que tiene una conducta violenta requiere más atención que el niño que no la tiene. La escuela debería focalizarse en eso, ayudar y educar.

Con la ley se expulsarán más estudiantes, la violencia al interior de las escuelas continuará y tendremos alumnos que seguirán cometiendo actos violentos, ya que al expulsar a uno, otro del mismo establecimiento ocupará su lugar y así sucesivamente.