Tras una reciente votación, la directora del Programa de Derecho y Política Ambiental, Dominique Hervé y el académico de la Facultad de Educación, Felipe Kong, se integraron, junto a un total de 31 miembros representantes de diferentes ámbitos, al primer Consejo Nacional Estratégico Público-Privado del Acuerdo de Escazú, 2025-2027.

El proceso contó con la participación de 135 organizaciones, de las cuales fueron electos representantes de la sociedad civil (6 escaños), del sector privado y empresarial (4 escaños) y del sector académico (5 escaños).

De esta manera, el sector académico quedó representado en el Consejo por la UDP, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad del Bío-Bío y la Fundación Libertad y Desarrollo.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, tiene por objetivo fortalecer la democracia ambiental y promover la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Actualmente, hay 24 países firmantes y 17 son Estado Parte, entre estos, Chile que ingreso en septiembre de 2022.

Desde su ingreso, Chile, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), trabajó en un diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, así como sobre los niveles de protección de las personas defensoras del medio ambiente. Además, se elaboró un mapa de actores y una propuesta de gobernanza para su implementación.

Todo este trabajo, junto con los avances impulsados por el Ministerio del Medio Ambiente, permitió la creación del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú en Chile 2024-2030 (PIPE) que se estructura en cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental; participación en la toma de decisiones ambientales; acceso a la justicia ambiental; defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; y fortalecimiento de capacidades y cooperación.

A su vez, la creación del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado del Acuerdo de Escazú respondió a la necesidad de contar con una gobernanza adecuada del PIPE.

Con respecto a su elección, Felipe Kong aseguró que “como académicos, nuestro rol no es solo formar y entregar conocimientos específicos, sino también modelar en nuestros estudiantes una visión de mundo más justa”. Desde esta mirada, agregó que “el Acuerdo de Escazú no solo puede entenderse como una declaración bien intencionada. Debe traducirse en una política efectiva, con impacto real en la justicia ambiental y en la protección de las comunidades. La UDP y nosotros como consejeros tenemos el deber y la oportunidad de aportar en ese camino”.

En esa misma dirección, Dominique Hervé destacó la implementación del Acuerdo de Escazú como “de gran relevancia para la política, el derecho y la institucionalidad ambiental”. En cuanto a la participación de la UDP en la instancia, la abogada la expresó que se trata de una “oportunidad y una responsabilidad que como académicos queremos asumir y aprovechar para aportar en el desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y participativa”.

Asimismo, el director General de Vinculación con el Medio, Sebastián Pérez Bannen, expresó que esta noticia refuerza lo que mostró el Informe Medioambiental 2023- 2024 de UDP Verde, es decir, que “el compromiso de la Universidad con la agenda sostenible no solo está presente en su formación, en su investigación, innovación, creación, y en su gestión, sino también en su agenda de políticas e incidencia pública”.