Una agenda de género -en la que se mezclan muy justas demandas de igualdad de género y reclamo de igual autonomía- se ha esgrimido para justificar la paralización de buena parte de las actividades universitarias.

Lo que llama la atención, y debe ser reflexionado, no es solo la justicia indudable de los fines que se persiguen, sino el hecho de que esa justicia se esgrime en contra del propio quehacer universitario. Alumnos y alumnas, a veces también profesores y profesoras, parecen creer que basta con tener una causa prima facie justa, para que entonces el empleo de medios coactivos, como impedir la realización de clases o la ocupación física de las instalaciones universitarias, esté justificado.

En medio de esa realidad hay varios malentendidos que desafían a la institución universitaria.

Desde luego, y en primer lugar, se encuentra el hecho de que los alumnos y alumnas a veces parecen creer (y muchos miembros de la universidad dejan que crean) que basta ser joven y esgrimir un puñado de objetivos justos, para que entonces todas las conductas destinadas a promover esos objetivos, desde la ocupación física de los recintos a la solicitud de exoneración de profesores cuyas opiniones no se condicen con sus demandas, estén justificadas.

Es ese un malentendido que es imprescindible disipar. Ser joven no exime de dar buenas razones para la propia conducta y estar dispuesto a contrastarla con quien se opone a ellas; y esgrimir una causa justa no autoriza el empleo de cualquier medio para promoverla, menos si ese medio, como ocurre con las tomas, resulta opuesto al quehacer de la institución a la que se pertenece.

Las universidades son instituciones muy frágiles porque descansan en la voluntad de todos quienes las integran. De todos los quehaceres humanos la educación es, quizá, el que es más constitutivamente voluntario. No es posible coaccionar a nadie para que se disponga a aprender o participe de un diálogo. Junto con ello el quehacer educativo supone la confianza recíproca en la palabra y en la conversación. Por eso la educación universitaria no es solo un bien que se intercambia, sino un compromiso entre profesores y estudiantes.

Desgraciadamente los y las estudiantes a veces malentienden esos rasgos, en los que radica la gracia y el esplendor de la enseñanza, y los transforman en su mayor fragilidad. El carácter voluntario del aprendizaje se emplea como un recurso unilateral para presionar en favor de las demandas que esgrimen. Y las tomas, en una especie de señuelo para que, movida por la impaciencia, la universidad eche mano a la fuerza. No advierten entonces que al hacerlo están maltratando, o invitando a maltratar, lo más propio del trabajo universitario.

En fin, suele ocurrir que los estudiantes confundan las acciones que reclaman (la mayor parte de las cuales en el caso de género son correctas) con la forma ideológica a la que adscriben para justificarlas. Reclaman entonces de las autoridades no solo que se ejecute esta o aquella acción, sino que se adhiera a la forma conceptual con que ellos las presentan o, peor aún, exigen que ella forme parte de la formación curricular.

Esa exigencia para que la universidad no solo realice acciones en favor de la igualdad, sino que adhiera a la forma ideológica con que se las reclama, o al lenguaje con que se las formula, constituye quizá el peor peligro que padecen las universidades.

Y ello porque ahí está en riesgo el deber de mantener a las universidades como espacios de reflexión racional, abiertos a todas las perspectivas, ámbitos en los que no existe una exclusión a priori de ningún punto de vista. En el caso de las demandas de igualdad de género, ellas deben ser aceptadas como demandas de una interacción igualitaria y libre de abusos entre todas las personas, con prescindencia de su género u orientación sexual; pero no como ideologías globales a las que la universidad, y el conjunto de sus programas y cursos, deban subordinarse. En este tránsito desde las legítimas demandas de interacción igualitaria y no abusiva al de las demandas de orientación ideológica en el currículum o la formación universitaria, se anida un peligro que, si se toma a la ligera, puede sacrificar bienes muy valiosos de la vida intelectual, el principal de los cuales es que las universidades no deben estar al servicio de ninguna adscripción ideológica, ni religiosa, ni política.

Las demandas de estos días son correctas y las universidades deben atender a ellas; pero no debe confundirse ese reconocimiento de la justicia del reclamo con una adhesión irreflexiva y sin escrutinio intelectual al discurso que suele acompañarlo. En esa diferencia entre admitir los reclamos de un trato igualitario; pero, al mismo tiempo, rechazar la adhesión irreflexiva a una ideología, o al empleo de cualquier medio para promoverla, radica la delgada línea que las universidades no deben atravesar.

Carlos Peña

Rector