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Claudio Fuentes Saavedra
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El impresentable andamiaje de nuestro Estado policial

8 de Septiembre de 2011
El Mostrador
http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/09/08/el-impresentable-andamiaje-de-nuestro-estado-policial/

Las movilizaciones sociales de este año han tensionado (aunque todavía no alterado) tres grandes ámbitos de la escena nacional. Primero, el modelo de desarrollo socio-económico al problematizar el rol de los privados en la ejecución de políticas sociales y debatir la modalidad de financiamiento de dichas políticas.  Segundo, el modelo político institucional al dejar en evidencia la crisis de representatividad y limitaciones del actual sistema político.

Pero existe un tercer ámbito muy sustantivo y que dice relación con el modelo de seguridad pública chileno. Las protestas sociales, primero mapuches y luego de los estudiantes, han hecho evidente las deficiencias del sistema de seguridad pública nacional. ¿A qué me refiero con esto?  Se trata de una verdadera arquitectura o andamiaje institucional diseñado principalmente durante el régimen militar y que fue sólo parcialmente reformado en democracia.  Un modelo de seguridad pública que busca limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos y convertir al Estado y a las instituciones policiales en verdaderos comisarios de las relaciones sociales.

Este andamiaje se configura de la siguiente manera:

-         Decreto 2226 de 1944 que establece el Código de Justicia Militar. Aunque reformado recientemente, la norma sigue considerando bajo la jurisdicción militar varios delitos cometidos por uniformados incluyendo robo, violación y tortura, entre otros. Adicionalmente, se mantiene una estructura de procesamiento de pares, lo que afecta la imparcialidad de la justicia.

-         Decreto 890 de 1975 que refunde la ley 12.927 conocida como ley de seguridad del estado que faculta a la autoridad política para tomar severas medidas de restricción de libertades y derechos civiles y políticos en casos de conmoción interior. Ello  incluye, por ejemplo, el uso de las fuerzas militares para restablecer el orden, intervenir y reanudar faenas económicas, entre otras.

-         Decreto 1086 de 1983 que, por una parte consagra el derecho a reunión en lugares públicos sin permiso previo (art. 1°) pero enseguida indica que el Intendente o Gobernador pueden no autorizar la actividad si se perturba el tránsito público. Todavía más, la autoridad puede prohibir reuniones pacíficas en plazas y paseos “en horas en que se ocupen habitualmente para el esparcimiento o descanso de la población” (art. 2°).

Se trata de una verdadera arquitectura o andamiaje institucional diseñado principalmente durante el régimen militar y que fue sólo parcialmente reformado en democracia.  Un modelo de seguridad pública que busca limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos y convertir al Estado y a las instituciones policiales en verdaderos comisarios de las relaciones sociales.

-         Ley 18.314 de 1984 que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Aunque varias veces reformada en democracia, esta ley ha sido objeto de recientes críticas por parte de Naciones Unidas por la amplitud en su aplicación.

-         Ley 18.961 de 1990 que establece la ley orgánica de Carabineros regulando la carrera profesional, funcionamiento interno, ascenso, mando, retiro, sucesión, previsión y presupuesto, entre otros. Allí la consagra como una institución militar y se definen una serie de privilegios en términos previsionales, de definición de doctrina, procedimientos y en términos presupuestarios.

Este conjunto de normas permite en gran parte explicar hechos asociados a la seguridad pública que solían ser “normales” para nuestra realidad política pero que hoy son claramente insuficientes en un marco democrático. Los momentos de efervescencia social prueban al sistema político y en el caso chileno activó una serie de mecanismos que afectan la democracia: no resulta normal la amenaza de la autoridad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado para sacar los militares a la calle y suspender garantías constitucionales sin el más mínimo control legislativo; no resulta normal tener que pedir permiso para reunirse en una plaza pública; no resulta normal que sea la justicia militar la encargada de juzgar un caso donde un policía dispara contra un ciudadano; y tampoco resultan normales los altos niveles de autonomía de la policía uniformada.

Así, correspondería una sustantiva reforma al conjunto de normas asociadas a la seguridad pública de modo de ajustarlas a estándares internacionales y democráticos.

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Actualizado el Jueves, 8 Septiembre, 2011 15:46